Aunque están en proceso para La Palma medidas económicas desde las instituciones del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, también las ayudas tanto desde ONG,s y de otros colectivos, como en nuestro municipio la promovida por los vecinos del Barrio. Desde IU-Verdes, también consideramos que es necesario actuaciones a nivel institucional desde los Ayuntamientos. Por lo que nos congratulamos que haya obtenido el apoyo mayoritario del Pleno promover iniciativas solidarias coordinadas desde la Federación de Municipios cooperando mediante aportaciones económicas en función de la población.
También se aprobó nuestra propuesta sobre financiación local, en la que recogemos la demanda de los ayuntamientos que vienen reclamando desde hace muchos años una solución justa en materia de financiación, que se ha ido demorando de un modo inexplicable en el tiempo desde el inicio de la democracia en nuestro país.
El amplio paquete de medidas aprobado incluye derogar la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, modificar la regla del gasto y el destino del superávit, gestión directa de los Fondos Europeos de Reconstrucción Económica de ayuntamientos -al menos, el 15% del total de los transferidos al Estado español-, introducir elementos de progresividad en el conjunto de tributos en atención a la capacidad económica del contribuyente, abrir la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la comunidad autónoma, abordar las reformas necesarias en lo tocante a la propiedad inmobiliaria, revisar los beneficios fiscales de la Iglesia católica en lo tocante a tributos como el IBI, reforzar la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado, y la coparticipación en las grandes figuras tributarias (IRPF, IVA e Impuestos Especiales).
Sobre la modificación del articulado referente a las bonificaciones relacionadas con la creación de empleo en el ICIO, aprobadas en 2015, con la bonificación del 30%, por incremento del promedio de contratos indefinidos, y su ampliación hasta el 40 %, 50 % y 60 % si se contrataban durante un periodo de un año 5, 10 o 15 trabajadores en riego de exclusión social.
En IU-Verdes señalamos que no ha estado exenta de confusión y dificultades en su aplicación. Tanto por la puesta en marcha, sin que se hubiese creado la bolsa de trabajadores en riesgo de exclusión. Como, posteriormente, el solapamiento temporal entre los contratos y la ejecución de las obras. Todo ello sin tener en cuenta el importe de las liquidaciones de ICIO y el montante de las bonificaciones, que se solapaban en un espacio de tiempo para los mismos contratos.
Desde IU-Verdes, no sin dificultades para realizar el seguimiento, estimamos que se han dejado de ingresar en las arcas municipales, por la diferencia entre el 30% de partida y la bonificación final, más de 700.000 € y que se han realizado el equivalen a unos 40 contratos temporales de un año, es decir una media de 17.000 € por contrato.
En IU-Verdes creemos que se ha desaprovechado la posibilidad de realizar actuaciones públicas encaminadas al fomento de empleo, que hubiesen incidido no sólo en la contratación de personas sino en la mejora de infraestructuras y servicios públicos de interés para todos los alhameños, en lugar de dejarlo en manos de la iniciativa privada.
La propuesta de modificación planteada en ese pleno no contó con nuestro voto favorable, ya que, aunque se refuerzan los mecanismos de transparencia y control, se rebajan notablemente los requisitos de contratación de trabajadores para obtener la bonificación del 40 % de 5 a 2 (-3), del 50 % de 10 a 5 (-5) y en el caso del 60% de 5 a 15 (-10).
