La diputada ha señalado que el Gobierno de Sánchez, antes de aprobar este Índice de Precios, debería haber hecho una evaluación previa del impacto que tendrá en el mercado su implantación
El Grupo Parlamentario Popular exige al Gobierno de España que retire el Índice de Precios de Alquileres que impuso, de forma unilateral, y de espaldas a los ayuntamientos y las comunidades autónomas sin tener en cuenta la realidad ni realizar un mínimo estudio sobre el impacto que tendrá esta medida en la oferta de la vivienda y el precio de los alquileres.
La diputada regional María Casajús ha denunciado que este índice de precios ha sido impuesto "unilateralmente por el Gobierno de Pedro Sánchez, sin contar con la opinión de las entidades locales y las comunidades autónomas, que son quienes mejor conocen sus territorios".
"Esto así no funciona", ha lamentado. "No se puede obligar a quien es competente, que son los gobiernos autonómicos, a que adopten medidas que saben, a ciencia cierta, que van en contra del interés general".
La diputada ha señalado que la Ley 12/2023, de 24 de mayo, recoge la posibilidad de declarar una zona tensionada, en la que automáticamente se produce la intervención forzosa de los precios del mercado de alquiler, "pero la única realidad es que la decisión de la declaración de zona tensionada y la aplicación del índice de referencia son competencia de las comunidades autónomas".
"Lo aconsejable ante una medida de semejante calado hubiera sido que el Gobierno de Sánchez, antes de aprobarla, hubiera hecho una evaluación previa del impacto que puede tener en el mercado y en el acceso a una vivienda asequible", mediante estudios, como también han advertido los expertos.
"Es necesario que el Gobierno inicie un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y las entidades locales para evaluar si la intervención de precios de alquiler produce los resultados esperables, teniendo en cuenta la realidad de los distintos territorios", ha concluido Casajús.
