CCOO denuncia que mientras la Ley Orgánica 1/2025 de Medidas para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia asigna numerosas funciones nuevas a las Oficinas de Justicia en el municipio (actuales Juzgados de Paz) el ministerio de Bolaños se niega a dotar los puestos de trabajo necesarios para atenderlas.
Durante la tramitación de la Ley de Eficiencia hasta su aprobación el pasado mes de diciembre, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no ha cesado de vanagloriarse de la grandísima transformación y modernización de la Justicia que va a suponer esta norma. Pero en ella se han añadido un sinfín de nuevas funciones asignadas a las Oficinas de Justicia en el Municipio (OJMs) que se sumarán a las que ya realizan los Juzgados de Paz en materia de asistencia al juez de paz, actos de comunicación a residentes en su domicilio y Registro Civil, como por ejemplo:
La práctica de actuaciones procesales con residentes o personas que desarrollen su trabajo en el municipio, que deban llevarse a cabo mediante videoconferencia.
La tramitación de asuntos judiciales que sean competencia de los Tribunales de Instancia.
El apoyo a la gestión de expedientes de Justicia Gratuita.
Las solicitudes o gestión de peticiones de la ciudadanía dirigidas a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.
La colaboración con las unidades de medios adecuados de solución de controversias existentes en su ámbito territorial.
Otros servicios que figuren en convenios de colaboración entre diferentes Administraciones Públicas.
Pasado el momento de la autocomplacencia por la reforma aprobada, le toca ahora al Ministerio de Bolaños poner los medios suficientes para atender todos estos nuevos servicios a la ciudadanía si no quiere que todo quede en un bluf como mucho nos tememos y como tantos otros proyectos que se derivarán de esta Ley.
Y es que hace dos semanas que comenzaron las negociaciones entre Justicia y los sindicatos para poner en marcha estas nuevas Oficinas de Justicia en el Municipio en el ámbito de gestión no transferido, entre los que se encuentra la Región de Murcia con un total de 24 municipios que cuentan con Juzgados de Paz con personal de la Administración de Justicia que les dan servicio a cerca de 450.000 habitantes de esta región y que, además, sufren históricamente unas condiciones de trabajo y retributivas peores que las del resto de personal de los juzgados y tribunales, con peores medios materiales y tecnológicos, peores instalaciones e inferiores retribuciones.
Pero es que además, muchos de ellos están infradotados de personal pues algunos Juzgados de Paz solo cuentan con dos funcionarios (Beniel, Santomera, Fuente Alamo, Puerto Lumbreras…) y otras localidades que, pese a tener más plantilla entre 3 y 5 trabajadores máximo- tienen una numerosa población flotante de veraneantes, inmigrantes, polígonos industriales cercanos (como Águilas, Torre Pacheco, Mazarrón, Los Alcázares…) y lamentablemente la propuesta del Ministerio de Justicia es mantener las mismas condiciones actuales: ni incremento de personal ni incremento retributivo; solo un cambio de nombre de lo que ahora son los Juzgados de Paz y agrupaciones de juzgados de paz que pasarán a llamarse Oficinas de Justicia en el municipio, con más trabajo, con el mismo personal y con las mismas retribuciones a pesar de realizar tareas como las de Jefe de Servicio por quienes desempeñan el cargo de Secretario o Secretaria y dirige la oficina, o la penosidad aparejada a la práctica de embargos y desahucios, o diligencias en los centros penitenciarios, funciones que sí están especialmente retribuidas en las oficinas judiciales.
El ministro Bolaños, que además ha defendido este cambio organizativo como un elemento básico contra la despoblación de la España vaciada, no tiene tampoco ningún empacho en mantener el mismo número de personal de cada oficina sin actualizarlo en función del número de habitantes, algunos de ellos cerca de 40.000 habitantes, como ha solicitado reiteradamente CCOO en la mesa de negociación y si el Gobierno no rectifica, el proyecto de Oficinas de Justicia en el municipio, que constituye, según Bolaños, uno de los pilares de la modernización y eficiencia de la Justicia, va a quedar en agua de borrajas y en un mero acto propagandístico, mientras que la ciudadanía de la España rural y despoblada verá con desesperación otro acto fallido en la mejora de sus servicios públicos y el personal de la Administración de Justicia verá una vez más deterioradas sus condiciones de trabajo.
