La pobreza energética se puede definir como aquella situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda.
La pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes: los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia.
Según la Encuesta de Presupuestos Familiares —EPF— y la Encuesta de Condiciones de Vida —ECV—, entorno al 10% de la población española la sufre (4 millones de personas), y se trata de un fenómeno in crescendo, mientras el desempleo y la crisis económica merman el poder adquisitivo de la ciudadanía, los servicios básicos como la electricidad, el gas o el agua, cuyos precios se han encarecido sin tregua, están acaparando cada vez mayor proporción en el presupuesto familiar.
La ECV de 2011 destaca que el 6% de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, porcentaje que se sitúa en el 8% el caso de mujeres que habitan solas. Se trata todavía de un fenómeno invisible tanto por su carácter doméstico como por su interrelación con otras manifestaciones de la pobreza y exclusión social. Y pese a la dificultad de cuantificar este fenómeno ya existen estudios reflejan como la pobreza energética se incrementa en nuestro país.
El último informe delObservatorio de Vulnerabilidad de Cruz Rojaseñala que cerca del 58% de las personas atendidas por Cruz Roja durante el 2013 tenía problemas para mantener su casa a una temperatura óptima, un 16% más que en el 2011. Otro dato es que una de cada tres personas atendidas por Cruz Roja no puede pagar los suministros básicos, como el agua, la luz o el gas.
La pobreza energética tiene un impacto profundo en la vida de las personas y puede influenciar en su esperanza de vida y en el agravamiento de enfermedades crónicas. Se estima que la pobreza energética puede ser responsable de más de 2.300 muertes prematuras anuales frente a las 1.480 provocadas por accidentes de tráfico. Las consecuencias de la pobreza energética son múltiples: la falta de calefacción afecta a la higiene, la salud (dilema "heat or eat", afecciones respiratorias, etc.) y, a menudo, genera sobre mortalidad y sobreendeudamiento, así como aislamiento social y geográfico.
La UE también comparte este diagnóstico y ya en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, plantean exigencias que obligan a los Estados Miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética.
El Dictamen del CESE —Comité Económico y Social Europeo— de 2011 sobre "La Pobreza Energética en el contexto de la liberalización de la crisis económica" señala que la pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y propone que la pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política energética.
Y en un posterior dictamen de 2013 "Por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética", el mismo CESE —Comité Económico y Social Europeo—, manifiesta que la energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano tener una vida digna, mientras que carecer de él provoca dramas. Añade que la pobreza energética mata física y socialmente.
El Estado español es el país de la UE27 con los precios de la electricidad más caros, después de Malta y Chipre (FACUA 2012). Según datos de Cruz Roja de 2012, en dos años el gas se ha incrementado el 22%, la luz el 34%, el agua el 8,5% y la bombona de butano el 23%. Según Eurostat, desde 2001 a 2012, la factura de electricidad en España cuesta de media un 105,1% más. Entre 2007 y 2012, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida es del 88%, lo que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro.
El Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y de periodos estacionales. El Estado debería mejorar el actual bono social, para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares y no solo la potencia contratada o la situación familiar/laboral. También habría que valorar la posibilidad de establecer un bono social para el gas butano, como ya hacen otros países.
El Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, hace referencia en su redactado a la pobreza energética, anuncia el establecimiento de medidas de protección para el consumidor vulnerable y revierte transitoriamente al bono social eléctrico regulado en el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.
La reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno hasta ahora tampoco establece solución alguna al fenómeno de pobreza energética y el déficit tarifario amenaza con incrementar todavía más la factura. Los precios suben debido a la falta de una auténtica reforma eléctrica, y la consecuencia de ello está recayendo sobre los consumidores y las renovables, sin un diagnóstico previo.
La teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido para abaratar el precio del suministro. La cuestión no resuelta del déficit tarifario se está convirtiendo en la causa principal del incremento de las tasas de pobreza energética en tanto que se resuelve mediante un incremento de los precios fijados al consumidor, mientras el Gobierno mira para otro lado.
Existen experiencias a nivel europeo donde además de ayudas puntuales a colectivos vulnerables para el pago de facturas o dirigidas al ahorro y eficiencia energética, aseguran el suministro en momentos críticos, se trata de impedir la desconexión durante los meses de más frío o a consumidores vulnerables, es decir aquellas personas que por razones de edad, salud, discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condiciones de garantizar su bienestar personal y el del resto de miembros de su familia.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes de Alhama de Murcia, presenta al pleno para su debate y aprobación los siguientes
ACUERDOS:
EXIGIR al Gobierno de España la aprobación de una Ley de medidas para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar e incluya mecanismos que prime el ahorro y penalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos.
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia elaborará un plan contra la pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas.
Instar al Gobierno de España a modificar la Ley 3//1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido estableciendo un IVA reducido para el precio de gas y la electricidad a nivel doméstico.
Fdo: Grupo Municipal de IU-Verdes
