“Estos datos reflejan sobre todo la mala gestión del dinero público y el descontrol presupuestario de muchos equipos de Gobierno”, señala el portavoz naranja, Miguel Sánchez
Ciudadanos está registrando esta misma mañana 21 mociones en sendos ayuntamientos con el objetivo de exigir a sus equipos de Gobierno que ajusten el coste del servicio de recogida de basuras a la tasa que se cobra a los vecinos, después de que un informe de la Universidad de Murcia revelara que, según los datos correspondientes a 2016, en 18 de ellos se está cobrando a los vecinos por encima del coste estimado del servicio, “lo que además de ilegal supone que los residentes sufragan otros gastos municipales con cargo a recibos manifiestamente hinchados”, según ha explicado el portavoz de la formación, Miguel Sánchez.
Ciudadanos solicita en las mociones un ajuste a la baja de la tasa y por tanto de los recibos que abonan los vecinos, para que no exceda el coste del servicio, tal y como exige la Ley Reguladora de Haciendas Locales.. Esta medida podría y debería suponer una rebaja de los recibos que abonan los vecinos en los 18 municipios que según el informe cobran a sus residentes de más por esta tasa.
En los casos contrarios, es decir, en los 17 consistorios en los que el coste de la recogida está por encima de lo liquidado con la tasa, Ciudadanos considera que dichos consistorios “están financiando el servicio a través de impuestos y no de la tasa legal aplicable, lo que supone que hay dinero que acaba financiando el servicio de basura y que podría dedicarse a mejorar otros servicios públicos”, señala Sánchez. La formación se pregunta si en los casos en los que el servicio se adjudicó a una concesionaria, no se le está pagando más de lo que realmente cuesta el servicio y pide una revisión inmediata de dichas contratas para mejorar el servicio
Además, Ciudadanos va a solicitar a los equipos de Gobierno de Cartagena, Alhama de Murcia, Fuente Álamo, Mazarrón, Aledo, Puerto Lumbreras y La Unión que cumplan, dado que no lo han hecho, la exigencia legal de remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública antes del 1 de noviembre de cada año la información relativa al coste efectivo de este servicio.
Para el portavoz naranja, “estos datos reflejan de nuevo la mala gestión del dinero público que exhiben sin pudor algunos alcaldes que deberían ser los garantes de que nuestros impuestos y tasas se administran eficazmente y de acuerdo con la ley, y no a la discreción de unos dirigentes a los que estos datos señalan directamente como malos gestores”.
