Ecologistas en Acción desmiente que los terrenos del Plan Especial Paramount que invaden el Espacio Natural Protegido pudieran albergar aparcamientos
Ecologistas en Acción ha querido contestar hoy, a través de un comunicado, a las declaraciones del Ayuntamiento de Alhama y de la Directora General de Territorio y Vivienda, en las que se anuncia un “retraso de 15 días” en la aprobación definitiva del Plan Especial Paramount, así como se asegura que se puede utilizar como aparcamiento el 21% de la superficie del plan que invade el Espacio Natural Protegido de El Valle-Carrascoy, y que el resto del plan no tiene impactos sobre el citado Parque Regional.
En primer lugar, la asociación aclara que hay varios motivos que obligan a la revisión y modificación sustancial del Plan Especial Paramount, y por tanto obligarán a reiniciar los trámites de aprobación, lo que podría suponer aproximadamente un año. Los dos motivos principales serían:
La profunda modificación que supone redefinir el Plan Especial Paramount y adecuarlo a la legalidad vigente establecida tras la Sentencia del Tribunal Constitucional, por la que el 21% del plan invade terrenos no urbanizables protegidos, que además no pueden albergar aparcamientos, ni cualquier otra construcción incompatible con el suelo no urbanizable protegido específicamente.
La adaptación del Plan Especial Paramount al Plan Especial de Infraestructuras (PEI) que dará servicio de carreteras, electricidad, agua y saneamiento a 8 planes urbanísticos incluido el Plan Especial Paramount. Existen contradicciones importantes entre ambos planes, así como algunas carencias en el PEI, que impiden la aprobación definitiva y simultánea de ambos planes en su redacción actual. Para hacer las cosas bien, primero habría que subsanar las deficiencias del PEI, y luego adaptar el Plan Especial Paramount a dicho PEI.
Además, resulta curiosa la prisa de Ayuntamiento y Comunidad Autónoma en empezar a roturar cuanto antes los terrenos, aunque esto pueda suponer cometer errores graves, cuando el propio Plan Especial Paramount se concede un plazo de 15 años para la edificación, prorrogables si se ve necesario, y no establece plazos a la edificación.
Los errores que se cometan por las innecesarias e injustificadas prisas, podrían llevarnos a tener que contemplar una vez más otro terreno roturado, con calles y farolas delimitando parcelas vacías y sin edificar. Es decir, un nuevo impacto ambiental, social y económico inútil, que se sumaría a tantos otros cometidos en los últimos años en la región.
Pero es que además de los problemas legales, existen también serias dudas en el ámbito económico que ponen en duda la viabilidad del propio Plan Especial Paramount.
Así desarrollar el PEI, sin el cual los 8 planes urbanísticos carecerían de los servicios de luz, agua, saneamiento y carreteras, supone más de 90 millones de euros que han de pagar proporcionalmente los 8 promotores beneficiarios.
Es decir, el pago de los más de 90 millones ha de ser repartido entre el Plan Especial Paramount y los otros siete planes urbanísticos de la zona que se benefician de dicho PEI.
La financiación y desarrollo del PEI deben estar claras y aseguradas, puesto que no se podría urbanizar una zona que no cuente con dotación de infraestructuras: electricidad, agua, saneamiento y accesos por carretera.
Para ello existen dos posibilidades, aunque todavía no esta claro cual se llevará a cabo, lo cual es una irresponsabilidad temeraria:
Cada promotor pone directamente el dinero que le toca a su plan urbanístico. A Paramount le toca pagar más de 18 millones. En este caso, el principal problema es que se desconoce si todos los promotores están ahora mismo dispuestos y en situación de asumir el alto coste del PEI, cuando no está claro cuándo acabarán ejecutando sus planes, puesto que actualmente, y posiblemente a medio plazo, no hay mercado para los miles de viviendas previstas, pudiendo suponer una inversión suicida.
El Ayuntamiento paga por adelantado los más de 90 millones del PEI con dinero público, y luego va cobrándoselo a los promotores de los diferentes planes conforme desarrollen sus planes, algo que podría eternizarse durante décadas.
Así, podría darse el caso de tener unas dotaciones millonarias que lleven a terrenos urbanizables vacíos de casas y ciudadanos, que lastren el presupuesto municipal durante muchos años, durante los cuales no habrá suficiente dinero para guarderías, autobuses, bibliotecas, alumbrado público, y tantos otros servicios públicos útiles al ciudadano que actualmente vive en el municipio, ya que carecerán de presupuesto.
Es imprescindible que se defina con exactitud y se garantice sin lugar a dudas, cómo se va a financiar el PEI, ya que está en riesgo el generar otro agujero multimillonario en las maltrechas arcas públicas con esta nueva chapuza institucional, consecuencia de gobernar a base de titulares de prensa y no en base al sentido común y el trabajo bien hecho en aras de la defensa del Interés General por encima del interés particular (un mandato recogido en la Constitución Española).
Por último, la propia financiación del Plan Especial Paramount está en entredicho, puesto que los enormes costes y la necesidad de avales multimillonarios para la aprobación y ejecución del mismo, contrastan con la manifiesta falta de inversores y avalistas de un proyecto encabezado por una persona imputada judicialmente en un importante caso de presunta corrupción urbanística.
En resumen, el Plan Especial Paramount reúne, a juicio de Ecologistas en Acción, todos los ingredientes para convertirse en el nuevo fracaso multimillonario, con posibles irregularidades legales, y que posiblemente acabe repercutiendo a las arcas públicas, dañando además la imagen de la Región de Murcia.
Este es el tipo de chapuzas vergonzosas que arruinan una Comunidad Autónoma y hacen huir a los inversores serios. Al final nos tenemos que conformar demasiadas veces con promotores poco fiables, a veces envueltos en procedimientos judiciales simultáneos a la promoción de los proyectos millonarios que plantean.
Por ello, Ecologistas en Acción, al margen de considerar inviable el proyecto, considera que no se puede tocar ni una piedra de los terrenos mientras no se superen las graves deficiencias detectadas en dichos planes y su tramitación, y por tanto se llegue a una aprobación definitiva conforme a la legislación vigente, y por tanto cualquier actuación precipitada podría tener consecuencias legales, la ejecute quien la ejecute.
