Uno de los grandes retos al que actualmente están sometidas todas las administraciones públicas, derivado del envejecimiento de la población en general, es dar respuesta adecuada a las demandas y servicios requeridos por un colectivo, el de personas mayores, que tras haber prestado servicio a la sociedad a lo largo de toda su vida, hoy requieren de la ayuda decidida de los poderes públicos para prestarles una protección y atención adecuada a sus necesidades. Así viene recogido en nuestro texto constitucional, en su Art. 50 donde se establece que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”. Este mandato constitucional obliga a todas las administraciones a actuar en defensa, protección y asistencia a nuestras personas mayores, y no sólo por imperativo legal, sino por obligación moral y ética después de toda una vida de servicio a los demás.
En nuestro municipio fuimos pioneros dentro de los municipios regionales con la construcción en el centro de nuestro municipio de una residencia de personas mayores, la actual Residencia Virgen del Rosario, centro propio de la CCAA de la Región de Murcia, rompiendo con la tradición de construir este tipo de residencias a las afueras de las ciudades, aislando a las personas mayores del bullicio diario que generan los centros urbanos. Un gesto reconocido por todos los sectores públicos, y que sin duda, hacía de nuestro ayuntamiento un referente en cuanto a la integración de este colectivo, ubicando dicha residencia en un lugar privilegiado, céntrico y donde las personas mayores no se sintieran recluidas sino protagonistas del día a día de nuestro municipio. Nuestra Residencia mereció en su día los elogios de todos los profesionales del sector, así como el reconocimiento público por su labor de integrar y reconocer la valía de nuestras personas mayores.
Los años pasan, y es justo reconocer la gran labor de todo el personal que ha pasado ya que actualmente presta servicios en esta residencia, formando parte del listado de residencias de personas mayores con plazas públicas financiadas por el IMAS, como centro propio, pero también es cierto, que en los últimos años ha visto reducida drásticamente su capacidad, por exigencias legales. La aprobación del Decreto nº 69/2005 de tres de junio, por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas mayores de titularidad pública o privada, establecía como objeto del mismo determinar las condiciones mínimas materiales y funcionales de los centros residenciales para personas mayores, sus plantillas mínimas y su titulación, estableciendo en su Disposición Transitoria Única la exigencia de adaptaciones de los centros residencias a las condiciones y requisitos mínimos descritos en su regulación, y disponiendo que los centros y servicios residenciales existentes a la entrada en vigor de este Decreto que no cumplieran las condiciones mínimas previstas por el mismo, dispondrían de un plazo máximo de dieciocho meses, cuando se tratara de condiciones funcionales y de cinco años cuando fueran condiciones materiales. Así mismo regulaba en su anexo 1º las Condiciones Mínimas comunes a todos los Centros Residenciales de Personas Mayores. Esta regulación regional ha hecho que nuestra residencia deba de adaptarse necesariamente a esta nueva reglamentación, lo que sin duda va en detrimento de las plazas ofertadas, por lo que se ha tenido que reducir drásticamente el número de posibles usuarios de esta instalación. Hemos de tener en cuenta que esta residencial, tanto por el prestigio alcanzado por la labor de su personal, como por las condiciones del centro, ha tenido desde sus orígenes largas colas de espera para poder entrar en la misma, situación que hoy se ve agravada por la adaptación preceptiva a la nueva normativa. Desde 2006 hemos visto como numerosos vecinos de nuestro municipio han tenido que recurrir a residencias como las de Totana o Fuentealamo para poder disfrutar de este servicio necesario, o en su caso, los más afortunados, a residencias privadas.
Estamos convencidos de que es urgente la intervención, tanto por las cifras oficiales de edad de la ciudadanía alhameña, según las últimas cifras oficiales del INE, de una población total oficial a finales del año 2009 de 19.860habitantes en nuestro municipio, el número de personas mayores de sesenta años en nuestra localidad se cifró en 3.828 vecinos, potenciales demandantes de este servicio, más de un 38% de la población total, urgencia igualmente motivada por la práctica carencia de este servicio en nuestro municipio, recordemos que el número de plazas ofertadas por esta residencia es sólo de 65 usuarios, número que será reducido progresivamente para adaptarse a la nueva normativa, así como la potencial demanda de él. Esta intervención ha sido reclamada en varias ocasiones a nuestro equipo de gobierno, equipo que en el último pleno, dejó entrever, por boca del concejal de urbanismo, que ya había contactos con la Consejería de Política Social, cuando, hace no más de un año, cuando ostentaba el cargo de Alcalde, y tras una visita del Consejero de Política Social, Joaquín Bascuñana, tanto uno como otro, negaban expresamente la posibilidad de una nueva residencia de personas mayores. En dicha sesión plenaria también se confirmó la incorporación a suelo municipal de los equipamientos dotacionales previstos en el plan parcial de los Secanos, y la inmediata urbanización de dichas parcelas con cargo a nuestro diez por ciento de aprovechamientos, así convenido con la entidad urbanística creada a fin de desarrollar dicho plan parcial, y, como de todos es sabido, el primer paso para que nuestro municipio tenga medios para dar respuesta a las exigencias de sus vecinos en este tema, es la puesta a disposición de los terrenos necesarios para este fin, pues hablamos de competencias que corresponden a la CCAA.
Por todo lo expuesto, este grupo, preocupado por que nuestros Servicios Sociales puedan dar respuesta las demandas de este tipo de servicios solicitadas por los ciudadanos de nuestro municipio, sobre todo a aquellas personas carentes de recursos económicos para poder gestionar otras alternativas, propone al Pleno Municipal del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Iniciar los trámites, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en los art. 110 y 113 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, para la cesión y puesta a disposición de la Consejería de Política Social del a CCCA de la Región de Murcia de la parcela calificada como equipamiento rotacional inserta en el p.p. los Secanos, para la construcción de una residencia pública para personas mayores, con una unidad de tratamiento de alzhéimer en Alhama de Murcia.
SEGUNDO: Instar a la Consejería de Trabajo y Política Social para que con cargo al ejercicio económico de 2010 incluya como partida nominativa en su propuesta a la Consejería de Hacienda, en su capítulo de inversiones del presupuesto de gastos, para la construcción de una residencia de personas mayores en Alhama de Murcia.
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde para la resolución de cuantas gestiones se deriven del presente acuerdo.
CUARTO: Solicitar de las fuerzas políticas que conforman este Consistorio Municipal, su compromiso y adhesión a esta iniciativa que presentamos en esta Moción para su estudio y aprobación.
